Con este proyecto se dará una respuesta a la creciente violencia contra niños, niñas y adolescentes registrada en la región peruana de Cusco. Así, por ejemplo, entre el año 2013 al 2018 del total de víctimas de violación en el Perú, el 93,1% fueron mujeres, de este total el 28% niñas entre 0 a 12 años. En Cusco las denuncias recibidas y atendidas de violencia entre el 2015 al 2018 fueron de 4.628; el 90% fueron denuncias de mujeres y el 10% de las denuncias de hombres. De este total de denuncias atendidas, el 21.4% corresponde a violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes.
A pesar de constituirse en una prioridad del Estado peruano y del esfuerzo desplegado por los servicios municipales para detectar situaciones generadoras de violencia, los titulares de obligaciones aún no cuentan con capacidad ni implementan estrategias para la prevención, detección y cuidado integral en las instituciones educativas, así como para fortalecer el trabajo de forma coordinada con las Asociaciones de Madres y Padres de Familia – AMAPAFAS.
Las limitadas capacidades del funcionariado público en la atención de personas vulnerables, los instrumentos de gestión municipal que no responden a las necesidades de esta población para el respeto de sus derechos y las limitadas políticas municipales para enfrentar la violencia, provocan ineficientes servicios públicos de atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.
Además, el débil funcionamiento de los espacios de concertación o mesas de trabajo y los débiles canales y medios de comunicación hace que las actuaciones sean desarticuladas en los titulares de obligación y de responsabilidad para la implementación de políticas de acceso y ejercicio de derechos de protección.
Por su parte, la población vulnerable tiene un limitado acceso a los medios y espacios de información y desconoce los canales de denuncia y protección para el ejercicio de sus derechos.
Si no se interviene el problema, los impactos negativos que se van a generar son la naturalización de la violencia en las familias, la desprotección de las víctimas y colectivos especialmente sensibles y vulnerables a la violencia y que las familias se suman en un clima de violencia y adquieran patrones violentos, con consecuencias en el incremento de feminicidios y abuso a menores.
Frente a este problema en aumento se ha planteado este proyecto que busca que este segmento de población ejerza sus derechos a la protección y buen trato. Este objetivo se podrá consolidar con la implementación de 3 resultados estratégicos. Por una parte, los titulares de derechos de las instituciones educativas fortalecerán en sus capacidades para el acceso a servicios de protección con calidad. Por otra, se mejorarán los servicios públicos para la promoción y atención de derechos de protección y buen trato hacia la infancia y familia. Y, finalmente, se desarrollarán actuaciones articuladas entre los titulares de obligación y de responsabilidad para la promoción e implementación de políticas locales para el acceso y ejercicio de estos derechos.
Con esta intervención el proyecto beneficiará a 3.382 personas entre titulares de derechos, de obligaciones y responsabilidades de los distritos de Santiago y San Sebastián en Cusco.
