Madrid, 4 de junio de 2013. Distintas organizaciones del Tercer Sector consideramos necesario abordar una reforma de la Ley Mecenazgo en el contexto de crisis actual, que está teniendo un importante impacto en nuestra sociedad con un notable incremento de las necesidades sociales y una reducción significativa de recursos públicos.
En este sentido, las organizaciones del Tercer Sector nos vemos obligadas a hacer frente, de forma eficaz e inmediata, a las nuevas demandas de los ciudadanos y sentar al mismo tiempo las bases para atender las necesidades futuras en una coyuntura diferente a la de los últimos años.
Es necesario apelar a las Administraciones Públicas, con el fin de que mantengan la atención a los fines de interés general y, en particular, los fines sociales, como una prioridad, a la que deben seguir destinando recursos públicos. Al mismo tiempo, también se impulse la financiación privada como una forma de fomentar la cohesión social, logrando una mayor participación privada en actividades de interés general y, por consiguiente, generando, fortaleciendo y articulando más la sociedad civil.
Esta reforma es necesaria, teniendo en cuenta que el incremento de las deducciones por las donaciones privadas no sólo posibilita la financiación de las actividades de interés general, sino que genera mayor renta disponible para familias y empresas, susceptible, a su vez, de generar mayor actividad económica.
Asimismo, el coste recaudatorio de los incentivos al mecenazgo se ve compensado con efectos positivos sobre el crecimiento y la producción y el empleo, así como que una mayor producción y empleo generan al mismo tiempo una mayor recaudación de impuestos directos e indirectos y de contribuciones sociales, pues la rebaja fiscal no repercute totalmente en el déficit público.
Por otra parte, las distintas organizaciones, además de considerar necesaria esta reforma de la Ley Mecenazgo -como cauce de participación social y ciudadana-, también instan a otros impulsos y mejoras legislativas para el desarrollo de la sociedad civil.
Propuestas de la reforma de la Ley Mecenazgo
Esta iniciativa común solicita que la futura Ley de Participación Social y Mecenazgo sea una realidad, cuanto antes, ya que el trabajo en favor de los fines de interés general lo requiere urgentemente.
En este sentido, consideramos que la futura Ley debería contemplar los siguientes puntos:
– Elevación de los porcentajes de deducción en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades por las donaciones y aportaciones a entidades beneficiarias del mecenazgo que realicen particulares y empresas.
– Deducción en la cuota del IRPF del 100% de los donativos que no superen ciertas cuantías.
– Regulación adecuada desde el punto de vista fiscal de las donaciones en especie, particularmente de las donaciones de servicios, otorgándoles un adecuado beneficio fiscal.
– Equiparación de los incentivos fiscales previstos para los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general, a los de las donaciones puras y simples.
– Participación del sector de las entidades beneficiarias del mecenazgo en la definición anual de las actividades prioritarias de mecenazgo.
El sector fundacional español, está formado por alrededor de 9.500 fundaciones activas; cuenta con unos ingresos de 9.500 millones de euros; emplea entorno a 200.000 trabajadores directos; y representa un 1% del PIB de nuestro país.
El Tercer Sector de Acción Social engloba a unas 30.000 organizaciones no lucrativas. Representa a casi nueve millones de personas. Da empleo a cerca de 500.000 personas, lo que significa un 2,5% del total de empleo en nuestro país.
El Sector de Cooperación al Desarrollo engloba a más de 400 ONGD. Cuenta con un apoyo de más de dos millones de personas; trabaja en más de 120 países en el mundo; da empleo a más de 9.000 personas.
Las organizaciones del Tercer Sector que forman parte de esta iniciativa son: la Asociación Española de Fundaciones (AEF), la Plataforma del Tercer Sector (POAS, PVE, EAPN-ES, CERMI, Cruz Roja Española, Cáritas y ONCE), la Asociación Española de Fundraising (AEFR), la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA), la Asociación Extremeña de Fundaciones (AFEX), la Coordinadora Catalana de Fundaciones (CCF), la Coordinadora ONG para el Desarrollo (CONGDE), y la Plataforma de Infancia.
