El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; y el presidente de la Fundación Ageing Lab, Alfonso Jesús Cruz Lendínez, han firmado este lunes en Sevilla un acuerdo entre ambas entidades con el fin de establecer un marco de colaboración para el co-diseño y asesoramiento técnico en materia de economía del cuidado e innovación social.
Este acuerdo contempla cuatro objetivos: contribuir a la modernización y refuerzo del conjunto de los servicios sociales en Andalucía; abrir un espacio de encuentro y reflexión que ayude a la mejora de los servicios públicos; favorecer espacios de co-diseño y co-gestión para la puesta en marcha de proyectos tractores en materia de servicios sociales para la administración local andaluza y también impulsar procesos de autodiagnóstico y testeo que permitan reorientar tanto las políticas como los servicios en esta materia.
Rodríguez Villalobos ha afirmado que la “economía del cuidado” es un término de nuevo cuño que define la actividad económica que se desarrolla en torno a los trabajos vinculados con la salud, el cuidado de niños y niñas, la educación de la primera infancia, los cuidados dirigidos a las personas con discapacidad, a las personas de edad y los cuidados de larga duración.
Los cuidados de larga duración hacen referencia al apoyo que necesitan las personas de edad con una capacidad limitada para cuidarse de sí mismos debido a afecciones físicas o mentales, incluidas enfermedades crónicas y problemas de salud múltiples.
El apoyo necesario, dependiendo del grado de limitación, puede proporcionarse en el hogar, en la comunidad o en instituciones, e incluye, por ejemplo, la asistencia para realizar actividades de la vida diaria como vestirse y gestionar los medicamentos, pero también servicios básicos de atención de salud.
Debido al envejecimiento demográfico de la población mundial, se prevé que el número de personas de edad que necesitan cuidados de larga duración aumentará considerablemente.
El avance hacia una agenda de desarrollo con base en la sostenibilidad económica, ambiental y social debe incorporar el concepto de “cuidado” para asegurar un cambio estructural en el marco de un crecimiento inclusivo.
La inversión en políticas de cuidado genera un círculo vicioso con impacto positivo en el empleo para hombres y mujeres. A mediano y largo plazo, la inversión en los sectores del cuidado produce externalidades positivas sobre el nivel de educación y la fuerza del trabajo ya que la provisión de infraestructuras publica y social de cuidado reduce las desigualdades educativas que afectan a los niños.
Rodríguez Villalobos ha destacado que, a corto plazo, “la profesionalización y certificación de quienes trabajan en forma remunerada en el sector de los cuidados aumenta sus capacidades laborales, sus salarios y su productividad. También si se regula se formaliza el sector, se robustecen los sistemas de pensiones y de protección social”.
De igual manera, ha abundado que economía del cuidado “está creciendo a medida que aumenta la demanda de cuidado de niño y niñas y de las personas de edad en todas las regiones, por lo que creará numerosos empleos en los próximos años. Sin embargo, el trabajo de cuidados en todo el mundo sigue estando caracterizado por la falta de beneficios y protecciones, por bajos salarios o nula compensación. Es evidente que se requieren nuevas soluciones a la prestación de cuidados en dos frentes: en lo que respecta a la naturaleza y la facilitación de políticas y servicios de cuidado, y en términos de las condiciones en que los cuidados se prestan”.
El presidente de la FAMP ha realzado que “invertir en la economía del cuidado contribuye a la diversificación de la estructura productiva, sin transgredir los límites ecológicos para la reproducción, lo que a su vez permite gestionar de forma más eficiente patrimonio natural y garantizar la sostenibilidad de la vida. De igual manera, es “encontrar soluciones a la prestación de cuidados es esencial para que las mujeres gocen de igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo”.
Por su parte, Cruz Lendínez ha manifestado que “desde su creación en 2013, Ageing Lab ha fomentado y promovido la colaboración entre entidades públicas y privadas de la economía plateada, para hacer frente al reto demográfico que supone el envejecimiento, a través de la creación y transferencia de conocimiento a nivel nacional e internacional.
En este sentido, ha asegurado que “la firma de este convenio supone el aprovechamiento de esta experiencia pudiéndola transferir y compartir a nivel andaluz, que se materializará en la elaboración y desarrollo de iniciativas conjuntas entre ambas entidades, que reforzarán la apuesta por la economía de los cuidados y la innovación social, con el fin de volver a situar a las personas como centro y motor, así como promover y poner en valor una sociedad del cuidado más sostenible, digital e igualitaria”.
Los poderes públicos, tal y como recoge la Constitución, deberán promover el bienestar de las personas mayores mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas de salud, vivienda, cultura y ocio.
Violación de derechos y principios éticos y deontológicos
La grave crisis del sistema actual de cuidados de larga duración, basado exclusivamente en un enfoque asistencialista y proteccionista, ha quedado refrendado en los momentos más duros del estado de alarma, donde las personas mayores han sido excluidas de la atención sanitaria.
El manifiesto también agradece la labor desempeñada por las y los profesionales sanitarios y sociosanitarios que, en muchas ocasiones, han realizado un esfuerzo que ha excedido sus propias funciones a pesar de las carencias que han sufrido.
En este sentido, el decálogo se centra en la atención a las personas mayores, poniendo en primer plano la dignidad de la persona, así como la responsabilidad bioética de los poderes públicos hacia un nuevo modelo de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio que permita una humanización adecuada del cuidado y revalorice la labor de las auxiliares.
También pone el foco en la evolución del modelo de atención residencial que no discrimine por edad y donde el personal disponga del equipamiento y cualificación necesarios. Además, se reivindican protocolos unificados y criterios de actuación estandarizados desde la igualdad y se propone la coordinación entre los servicios sanitarios y los sociosanitarios y la creación de una nueva Ley Integral para las Personas Mayores.
