Durante los próximos doce meses, la Fundación Social Universal colaborará en el proceso de modernización y mejora de la gestión pública peruana, favoreciendo la incorporación de políticas de género y de inclusión de poblaciones vulnerables en los distritos de Poroy, Cachimayo, Chinchero y Maras.
El proyecto, ejecutado por el Centro Guaman Poma de Ayala, cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Córdoba por importe de 45 mil euros.
Con el propósito de que municipalidades, organizaciones sociales y espacios de concertación (como las mesas de desarrollo social y los comités de vigilancia ciudadana) cuenten con mayores habilidades para producir políticas públicas de cierre de brechas que transversalicen la equidad de género y el enfoque basado en derechos humanos, se implementará en estos cuatro distritos una intervención enfocada en mejorar el proceso de planificación institucional, transversalizando la equidad de género y los derechos humanos en los objetivos, proyectos y actividades municipales, incrementando la capacidad de incidencia de los espacios de participación ciudadana para la incorporación de estos enfoques en la gestión edil y, finalmente, desarrollando estrategias activas de equidad e inclusión social de población en los servicios públicos municipales.
En el Perú, la crisis producida por la pandemia ha desnudado la realidad dramática en la que viven millones de personas. El país tuvo un crecimiento sostenido por más de 20 años y fue un ejemplo por sus cifras macroeconómicas, pero este crecimiento no se tradujo en desarrollo de los sectores de salud, educación, vivienda y seguridad para toda la población. Además, el país se encuentra inmerso en una crisis de valores que ha permitido que la corrupción se expanda a todos los niveles sociales, afectando el desarrollo de los sectores más pobres. Todo este contexto se ve agravado por una débil institucionalidad y una poca o nula atención a la diversidad territorialidad; dos factores a los que se atenderá con este proyecto financiado por el Ayuntamiento de Córdoba.
Estos problemas en la gobernabilidad democrática afectan de manera destacada a los distritos rurales más pequeños del interior del país, como los representados por los distritos de atención de este proyecto. Sus municipalidades adolecen de recursos y de personal capacitado y carecen de instrumentos normativos y de gestión que respondan a su realidad. Además, su sociedad civil se encuentra fragmentada, con poca capacidad para hacer incidencia en la gestión pública, aunque con espacios de concertación dispuestos a aportar a la solución de sus problemas. En este escenario cobra especial relevancia la necesidad de formar una ciudadanía responsable que se sume y asuma un mayor protagonismo para el cambio y que se interese en participar de la vida pública; con funcionarios que sirvan al Estado y reivindiquen a la política y a los políticos, que se conduzcan por principios y no por intereses personales. De esta manera, toda la ciudadanía recuperará la confianza y mirará con más optimismo el futuro del Perú, como una sociedad más inclusiva y participativa.
En el proceso de identificación de este proyecto se han evidenciado deficiencias y limitaciones de las municipalidades para la prestación de servicios públicos inclusivos con una población en situación de vulnerabilidad y sin capacidad para influir en las decisiones públicas, provocando desencuentro entre la sociedad civil y la administración municipal, y dando lugar a situaciones que limitan los procesos de modernización de la gestión pública.
En este contexto se hace necesario que desde los espacios más locales surjan aportes e iniciativas para enfrentar esta grave crisis, tal y como como se ha previsto con la implementación del presente proyecto en un corredor territorial camino al Valle Sagrado con similares características culturales y sociales, muy cerca de la capital de la región de Cusco.
Un primer componente del proyecto apunta a la necesidad de mejorar la cultura de la planificación del sector público. A este tenor, los planes estratégicos y operativos institucionales incorporarán objetivos y acciones estratégicas específicas para promover la equidad de género y la inclusión social de la población vulnerable, con un sistema de monitoreo de cumplimiento de indicadores que cierren estas brechas y les permita ir verificando los avances en la implementación de políticas públicas enfocadas en la disminución de prácticas machistas y la discriminación hacia las poblaciones más vulnerables.
En paralelo, a través de espacios de concertación y/o coordinación con capacidad de incidencia, se conseguirán implementar actividades de seguimiento al sistema de indicadores de cierre de brechas que se han definido los instrumentos de gestión municipal, especialmente los referidos a la equidad de género y la inclusión social de la población vulnerable.
Finalmente, los servicios públicos municipales desarrollarán estrategias activas para incorporar mejores estándares para la inclusión social y la equidad de género. Los servicios definidos son la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad (OMAPED), el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), el Programa Vaso de Leche, la Defensoría Municipal del Niño/a y Adolescente (DEMUNA), el Centro Emergencia Mujer (CEM), entre otros, y contarán con estándares de calidad e indicadores que se identifiquen en sus instrumentos de planificación.
Esta intervención beneficiará a 1.837 personas pertenecientes a organizaciones productivas y sociales (de mujeres, promotores y promotoras de salud y de atención a poblaciones vulnerables); servidoras y servidores públicos de las áreas de atención a la ciudadanía y gestores de proyectos de inversión, así como actores de los espacios de coordinación y concertación social como las mesas de desarrollo social y los comités de vigilancia ciudadana de los distritos del ámbito de intervención.
