La Fundación FACUA y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla celebraron el jueves 16 de marzo la conferencia El estatuto del consumidor vulnerable de acuerdo con la última reforma del TRLCU, enmarcado dentro de las actividades que realiza la Cátedra de Derecho de Consumo que ambas entidades crearon en noviembre de 2018. La conferencia corrió a cargo de la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Granada María Luisa Palazón, y contó como moderadores con Francisco Infante, catedrático de Derecho Civil de la UPO, Lucía Vázquez-Pastor, profesora de Derecho Civil de la UPO, y Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de FACUA. El seminario, celebrado en el Salón de Grados del Edificio 7 de la Pablo de Olavide, estuvo dirigido tanto a los inscritos en la Cátedra de Consumo de la UPO como a cualquier persona que quiso asistir al acto en calidad de espectador. También se pudo seguir online a través de internet. En la ponencia, Palazón trató la reciente reforma del Real-Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, para incluir el concepto de consumidor vulnerable.

Dicha reforma fue introducida por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y convalidada en el Congreso de los Diputados en la posterior Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. FACUA-Consumidores en Acción considera que la introducción de esta figura del consumidor vulnerable es un primer paso para conseguir ofrecer una especial protección a las personas que por sus condiciones personales y o sociales se encuentra en situaciones de vulnerabilidad en cuanto al acceso a suministros y servicios esenciales (luz, gas, agua, etc.), aunque advierte de que la reforma de la normativa debe acompañarse de herramientas y medidas que garanticen el cumplimiento de dicha protección, así como de la necesidad de seguir avanzando en su ampliación y mejora.