La Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) celebró ayer una jornada que, bajo el título «Las Fundaciones del Sector Público Autonómico», reunió a todos los gerentes de las fundaciones de carácter público, con el objetivo de analizar la situación en la que se encuentran estas entidades tras la publicación de la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 10/2005 de 31 de mayo.
La sesión, que tuvo lugar en el Salón de Actos de Sevilla Siglo XXI, se desarrolló al hilo de tres ponencias que corrieron a cargo de Dª. Alicia Ruiz de Castro Cáceres, abogada de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios y Letrada de la Junta de Andalucía en excedencia, D. Carlos Martínez Castro, Jefe del Servicio de Control Financiero, Intervención General de la Junta de Andalucía, Consejería de Economía y Hacienda, y D. Manuel Mesa Vila, Jefe de Área de Secretaría General de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia.
Dentro del grupo de fundaciones públicas que asistieron a esta sesión cabe destacar la presencia de Baremboin-Said, Andaluza de Fondo, Formación y Empleo, Real Escuela de Arte Ecuestre, Centro de Estudios Andaluces, Hospital Clínico de Granada, Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social, Red Andalucía Emprende, Doñana 21, Progreso y Salud, Rey Fahd Bin Abdulaziz y Puerta del Mar.
La importancia de las fundaciones públicas dentro del entramado de la sociedad andaluza es significativo, ya que este tipo de instituciones reciben del presupuesto de la Comunidad Autónoma recursos por valor de 197 millones de euros, lo que supone gestionar el 0,61 % del presupuesto de la Comunidad, dando empleo directo a un número aproximado de 1800 trabajadores.
Con la ley anteriormente mencionada nace la primera regulación específica sobre fundaciones del sector público autonómico andaluz, delimitando su concepto, y estableciendo un régimen jurídico propio que abarca diferentes aspectos. Por esta razón, la AFA ha considerado necesaria la realización de una jornada que sirva a las fundaciones de carácter público para aclarar todas las dudas surgidas sobre su situación y gestión tanto interna como externa, con independencia de su ámbito de actuación.