Atalaya Riotinto Minera, empresa operadora de la mina de cobre de Riotinto ha tenido conocimiento de una nueva Sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, si bien anula la Resolución administrativa de reinicio de la actividad del año 2015, también confirma que es la Administración de la Junta de Andalucía quien ha de solucionar la situación generada por los defectos administrativos en la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina de Riotinto.
Todo ello lo hace sin poner en cuestión la normal continuidad de la actividad minera en el Proyecto. Se despejan así las dudas generadas en los accionistas, empleados y en general en el ámbito de influencia de la operación que hoy en día representa un importante flujo económico en la Provincia, soportando más de 800 empleos, y que, tras años de abandono, ha llevado a la mina de Riotinto a cumplir con todos los estándares de excelencia en materia ambiental actuales.
Esta nueva Sentencia de la Sala resuelve un Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto también por la organización Ecologistas en Acción, quien, en su búsqueda de un pronunciamiento judicial de paralización completa de la mina, ha estado alegando múltiples deficiencias en el procedimiento administrativo.
No obstante, estas alegaciones no han sido tenidas en cuenta por la Sala, pues el Alto Tribunal anula la resolución de reinicio exclusivamente por la existencia de un pronunciamiento de ese mismo Tribunal que declaraba la anulabilidad de la AAU por un defecto de forma en el procedimiento de información pública, defecto que según el TSJA afectaba al derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales.
Ante esta situación, Atalaya y sus asesores legales consideran que queda claro que ha de ser la Administración andaluza quien, a la luz de las diferentes opciones que ofrece la legislación, cumpla los pronunciamientos judiciales y subsane el defecto administrativo que originó la situación jurídica actual. La pronta resolución de esta cuestión redundará sin duda en beneficio de Andalucía y su imagen como destino atractivo para la inversión por su seguridad jurídica y conformarse como un entorno favorable a la industria responsable y excelente, como es en particular la de la minería metálica andaluza.
Atalaya también considera que la nueva Sentencia, ni pone en cuestión la continuidad del proyecto, ni afecta a los planes que ya conoce la Administración de invertir más de 80 millones de euros en la modernización necesaria para ampliar la actividad productiva. Por todo ello sigue estando a disposición de todas las partes interesadas, incluyendo Administración, organizaciones ecologistas, sindicatos, empleados y ciudadanía en general, para seguir colaborando con transparencia por una minería excelente en los planos ambiental y de seguridad, y seguir así aportando empleo y riqueza a la región de manera sostenible
